El 21-02-06 se produce en la Mancomunidad Cabo Peñes un fraude a los ciudadanos de los concejos de Carreño y Gozón.

Los autores del mismo son los grupos políticos del PSOE y del PP de ambos concejos secundados por el concejal de URAS de Carreño y actual vocal delegado de la Mancomunidad y los concejales de AIGO de Gozón.

Éstos deciden adelantar el pago de 10.150.000 pts al redactor de los PGOU de ambos concejos, pago que, según el contrato, aún no tenía que haberse producido a día de hoy.

Toman esta decisión incumpliendo el contrato que la propia Mancomunidad estableció para la elaboración de los planes, a pesar de que el redactor no había cumplido con los compromisos adquiridos en el mismo.

Según el contrato ambos ayuntamientos deberían tener la documentación para la aprobación inicial de los planes en setiembre del 2002 y el redactor del plan no la entregó hasta abril del 2005, por lo que, según el contrato, se le podían imponer penalidades por los trastornos causados con el incumplimiento de los plazos del contrato.

Debido a este retraso fue preciso redactar nuevos documentos y cumplir con nuevas tramitaciones administrativas que, además de suponer un importante coste añadido para los dos ayuntamientos, cuestionan la validez del trabajo hecho por el redactor y por lo cual, aún hoy, siete años después de la firma del contrato, estamos sin Plan de Urbanismo en los dos ayuntamientos.

Estos partidos no sólo renunciaron a reclamar las responsabilidades económicas en que incurrió la empresa redactora, sino que, decidieron adelantarle el dinero de todos los ciudadanos, a pesar de que con ello incumplían el contrato firmado por la Mancomunidad.

Siete años después de la firma del contrato, el redactor de los planes se niega a seguir adelante con los trabajos necesarios para la finalización de los mismos si no se le paga más dinero, aparte del estipulado en el contrato.

Ante este chantaje a la Mancomunidad todos los grupos políticos de la misma decidimos suspender el contrato, excepto el PP que gobierna en Gozón, que unilateralmente se pone de acuerdo con el redactor para pagarle lo que este pide de más para llevar su plan a efecto.

Esta conducta supone un fraude a los ciudadanos y una quiebra de la Mancomunidad, pues son sus propios miembros los que incumplen los contratos establecidos para proteger sus intereses y los fondos públicos que gestionan.